EFE / PARÍS
Agentes de policía, bajo la dirección de un juez instructor, llevaron a
cabo hoy registros en el domicilio del ex presidente francés Nicolas
Sarkozy y sus despachos profesionales en París, en el marco de la
investigación por la presunta financiación ilegal de su campaña
electoral en 2007.
El diario "Le Monde" reveló que fue el juez
Jean-Michel Gentil, que se encarga del caso de la multimillonaria
heredera de L'Oréal, Liliane Bettencourt, quien estuvo al frente de
estos registros en el palacete de la mujer de Sarkozy, Carla Bruni, y en
los despachos del anterior jefe del Estado, que desde el pasado 16 de
junio ya no dispone de inmunidad presidencial.
Los registros los
llevaron a cabo, bajo las directrices del magistrado, una decena de
policías de la brigada financiera en ausencia del exmandatario y de su
mujer, que se encuentran en Canadá.
Según su abogado, Thierry Herzog, se llevaron "muy pocos documentos".
Sarkozy
está investigado en esta causa por supuestamente haber recibido 150.000
euros para su campaña en 2007, cuando fue elegido presidente, a través
de su entonces tesorero, Éric Woerth, recordó "Le Monde".
Woerth,
quien fue ministro durante la presidencia de Sarkozy y tuvo que dimitir
por su implicación en el caso Bettencourt, está imputado por haber
recibido a comienzos de 2007 dinero en efectivo de la multimillonaria y
de su esposo André (ahora fallecido).
Se sospecha que ese dinero
debía servir para ayudar a la victoria en las elecciones presidenciales
de ese año del que era en ese momento ministro del Interior.
La
contable que tenían entonces los Bettencourt, Claire Thibout, ha
declarado que el gestor de la fortuna de esta pareja, Patrice de Maistre
(igualmente acusado), fue el que entregó el dinero a Woerth.
Otros
testimonios recogidos en la fase de instrucción hablan de visitas del
propio Sarkozy al palacete de los Bettencourt en Neuilly, una ciudad
limítrofe con París con una de las mayores rentas per cápita del país y
de la que el expresidente fue alcalde.
Visitas sospechosas
Anticipándose
a posibles iniciativas de la Justicia ante el fin de su inmunidad, el
anterior jefe del Estado había encargado a sus abogados que pusieran en
manos del juez sus agendas para que pudiera comprobar que no había traza
de visitas sospechosas a esa familia de millonarios.
Herzog,
además de calificar estos registros de "justicia espectáculo", avanzó
que van a demostrarse como "actos inútiles" porque en las agendas que ha
podido analizar el instructor queda clara "la imposibilidad absoluta"
de esos desplazamientos, más allá de uno que él mismo reconoció y que
tuvo lugar el 24 de febrero de 2007.
Por otro lado, ayer fue
imputada la anterior juez que llevó el caso Isabelle Prévost-Desprez por
haber violado el secreto de instrucción, a la vista de la publicación
inmediata en "Le Monde" de detalles de un registro en el domicilio de
los Bettencourt en septiembre de 2010.
La propia Liliane
Bettencourt se había querellado contra Prévost-Desprez, quien había
escrito un libro con uno de los periodistas del rotativo que han seguido
este "culebrón" político-judicial.
Una historia que surgió por
las diferencias familiares entre la octogenaria millonaria y su hija,
Françoise Bettencourt Meyers, y derivó en un posible escándalo de
financiación política ilegal.
El nombre de Sarkozy aparece también
en otras instrucciones judiciales sobre financiación ilegal, la primera
referida a la campaña presidencial de Edouard Balladur en 1995 a través
de presuntas comisiones de contratos de armas con Pakistán que salieron
a la luz con un atentado en Karachi contra ingenieros y técnicos
franceses que trabajaban en la fabricación de submarinos.
El otro
caso tiene que ver con las alegaciones de un antiguo hombre próximo al
derrocado líder libio Muamar Gadafi, según las cuales el exmandatario
africano pagó 50 millones de euros para que Sarkozy llegara a la
presidencia de Francia.
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