ALBA BLANCO (La Opinión)
Los vecinos de Cho Vito alcanzaron ayer un acuerdo con el Ayuntamiento
de Candelaria que les permitió abandonar el salón de plenos que ocupaban
desde el pasado viernes, cuando el poblado marinero fue demolido por
incumplimiento de la Ley de Costas. Las familias afectadas aceptaron la
propuesta de las cuatro administraciones públicas, que les ofrecieron
ayudas para el alquiler hasta que se construyan las viviendas sociales
que les serán entregadas en propiedad.
Tras la reunión que tuvo
lugar entre el alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, y los
representantes vecinales, estos aceptaron la propuesta inicial realizada
el pasado 29 de octubre por la delegación estatal, el Gobierno de
Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de la Villa Mariana, y
se comprometieron a abandonar las dependencias municipales antes de las
10:00 horas de hoy.
Según el pacto alcanzado, las familias
desalojadas podrán acogerse a tres opciones. La primera de ellas
contempla una subvención de 12.000 euros en el momento del acuerdo. La
segunda, que han aceptado cuatro de las siete familias desalojadas,
permitirá a los vecinos acceder a una vivienda en alquiler cuya renta
será abonada durante dos años por las administraciones con posibilidad
de prórroga. Quienes acepten esta propuesta, tendrán preferencia para
acceder posteriormente a una vivienda social que quede libre en el
municipio o de las que construirá próximamente el Gobierno autonómico.
Por
último, las familias cuyos ingresos se lo permitan podrán disponer de
un domicilio social propiedad del Ayuntamiento de los disponibles
actualmente y pagarán entre 285 y 330 euros. Como novedad, según el
acuerdo alcanzado ayer, el Ayuntamiento de Candelaria se compromete a
promover ante el resto de administraciones la propuesta de los vecinos
de Cho Vito para la construcción de 11 viviendas sociales de 60 a 80
metros cuadrados en un solar municipal, que les serán entregadas en
propiedad y cuya financiación deberán obtener y gestionar ellos mismos.
Las obras podrían estar acabadas en dos años y los afectados ven
"factible" obtener presupuesto de fuentes europeas.
El alcalde ha
mostrado su "satisfacción" por el acuerdo porque "la situación en la
que se encontraban los vecinos en el salón de plenos no era "la más
idónea y requería de una solución inmediata". Por su parte, Tomás
González, portavoz de los afectados, aseguró que "estamos mucho más
tranquilos porque por fin se ha hecho justicia". "Nos hubiera gustado
que este diálogo se hubiera mantenido hace 20 días y así nos hubiéramos
ahorrado todo lo que hemos pasado", indicó.
Los afectados
comenzaron en la tarde de ayer a buscar las viviendas que alquilarán con
las subvenciones públicas y abandonaron el salón de plenos
paulatinamente.
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