Trabajo acusa al Ayuntamiento de encubrir el fraude de Acosta

Inspección reprocha al Consistorio que permitiera al exconcejal utilizar la empresa pública Canaragua para justificar el cobro de 16 meses de paro que no le correspondían

 

ALBA BLANCO (La Opinión) La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social cree que el Ayuntamiento de La Orotava pudo actuar "en connivencia" con el teniente de alcalde y concejal de Empleo, Formación y Seguridad Ciudadana, Domingo Acosta (CC), en un presunto fraude de éste en el cobro del paro. Acosta presentó el pasado sábado su dimisión en el Registro General del Consistorio villero y entrega hoy su acta de concejal después de que Iniciativa por La Orotava (IpO) destapara una supuesta estafa, detectada por el servicio de inspección dependiente del Estado, que le exige la devolución de 20.000 euros cobrados por Acosta sin justificación. 

Según la información aparecida en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el día 8, Acosta cobró por adelantado el paro correspondiente a 16 meses, el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2011 y el 30 de octubre de 2012, a pesar de que el 17 de junio de 2011 fue nombrado concejal del grupo de Gobierno y, por lo tanto, dado de alta por el Ayuntamiento en la Tesorería de la Seguridad Social en esa misma fecha, para posteriormente darlo de baja de forma sospechosa. 

La prestación por desempleo que recibió el edil en dicho periodo asciende a 19.464 euros, al mismo tiempo que cobraba alrededor de 1.800 euros mensuales por su contrato a tiempo parcial como concejal del Ayuntamiento.

Acosta realizó una primera solicitud para percibir la prestación por desempleo el 13 de junio de 2011, justo antes de renovar su cargo como edil para un segundo mandato y cuando prescribía la excedencia que había pedido a la empresa Feria SA cuatro años antes para ejercer como concejal. Al no existir situación legal de desempleo por estar aún en excedencia, dicha solicitud fue desestimada.

Ante este hecho, Domingo Acosta se incorporó a la empresa Marcha SA, que absorbió a Feria SA, el 21 de junio de 2011, siendo despedido solo un día después. El edil volvió entonces a inscribirse en el paro y solicitó el pago único de la prestación para la puesta en marcha de una vinoteca y aportando como justificante de la inversión un presupuesto que ascendía a 14.500 euros avalado por la empresa Canaragua, vinculada al Ayuntamiento de La Orotava por ser la concesionaria del abastecimiento de agua en el municipio. El edil nunca justificó, según la Seguridad Social, las inversiones que había proyectado.

Ante tales irregularidades, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social emitió un informe con fecha 29 de junio de 2012 en el que destaca que Acosta compatibilizaba sus funciones públicas como teniente de alcalde de la Corporación local con su actividad como trabajador autónomo, así como un posible encubrimiento por parte del Ayuntamiento de dicho delito. El Consistorio permitiría además al edil hacer un uso fraudulento de una empresa de titularidad pública. 

El Servicio Público de Empleo suspendió el abono de la prestación desde noviembre de 2012 y exigió al entonces concejal la devolución de los 19.464 euros que había percibido entre el 1 de junio de 2011 y el 30 de noviembre de 2012, para lo que disponía de un plazo de 10 días a partir de la publicación del caso en el Boletín Oficial el pasado 8 de febrero, así como para presentar alegaciones. 

Ante el silencio del exedil, que se ha limitado a decir que se marcha del Ayuntamiento para demostrar su inocencia a través de la documentación pertinente, Francisco Linares, alcalde accidental de La Orotava, asegura que Acosta ha presentado su dimisión "para no perjudicar al grupo de Gobierno". La siguiente en la lista de CC en las elecciones de 2011, Beatriz Fernández Quijada, sustituirá al exconcejal después de que este presente hoy en el pleno el acta de renuncia.