LA LAGUNA (La Opinión)
La empresa Plif Plaf Animación, encargada de la gestión de las cuatro
ludotecas municipales, baraja la posibilidad de declararse en quiebra
ante la imposibilidad de hacer frente a las deudas que mantiene con la
Seguridad Social y con las diez trabajadoras de la sociedad. Las
empleadas, que volvieron ayer a la huelga para exigir a la empresa el
pago de las siete mensualidades que les debe, no podrán cobrar las
nóminas atrasadas a no ser que Plif Plaf S.A. salga a concurso de
acreedores.
En una reunión mantenida ayer entre las trabajadoras y los responsables de la empresa, los abogados de esta reconocieron que las cuentas de la sociedad se encuentran embargadas por las deudas que mantiene con la Seguridad Social.
Según Sofía Marichal, una de las trabajadoras afectadas, "la cantidad es tan elevada que todo el dinero que el Ayuntamiento ingresa para el pago de nuestras nóminas se va para la Seguridad Social, y así no vamos a poder cobrar nunca". A día de hoy, Plif Plaf debe a las diez empleadas una cantidad aproximada de 42.000 euros, correspondiente a seis mensualidades alternas desde enero más la paga extra de Navidad.
"No vamos a volver al trabajo hasta que se nos haga efectivo el pago", explicó Marichal. La huelga ilimitada que las empleadas iniciaron ayer es la segunda en lo que va de año después de la que tuvo lugar en mayo. En aquella ocasión, era el Ayuntamiento el responsable de los impagos a la empresa y las trabajadoras retomaron su trabajo tras 15 días de paros con el compromiso, por parte de la sociedad, de subsanar los impagos. El acuerdo nunca llegó a cumplirse.
Tras una reunión reciente con el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, este les comunicó a las trabajadoras que el Ayuntamiento mantiene sus cuentas al día con la sociedad y les explicó la situación económica actual de esta. Ante las circunstancias, los abogados de Plif Plaf han barajado dos opciones. La más drástica pasa por declarar la empresa en quiebra, ante la imposibilidad de hacer frente a la doble deuda que mantiene con la Seguridad Social y las trabajadoras. Como segunda alternativa y ante la voluntad de las empleadas, la empresa podría salir a concurso de acreedores, de manera que los impagos con la Seguridad Social quedarían congelados y la sociedad solo debería hacer frente a los 42.000 euros que debe a las trabajadoras. "Por ahora, continuaremos la huelga y dejaremos que nuestros abogados decidan si lo perdemos todo o nos arriesgamos a mantener el servicio", concluyó Marichal.
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